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La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) dejó trascender los resultados de la Encuesta Provincial de Actividad PyME (EPAP) correspondiente al segundo trimestre del año. El informe refleja un escenario de fragilidad creciente para las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Entre los datos más significativos del trimestre, se observa un retroceso en el frente laboral, ya que solo el 8% de las empresas consultadas declaró haber incorporado personal, mientras que un 32,6% indicó haber desvinculado trabajadores. Por otro lado, la presión financiera también se evidenció en el plano salarial. En este sentido, un 62,8% de las empresas manifestó haber tenido dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo, al mismo tiempo que el 44,2% debió otorgar adelantos salariales como mecanismo extraordinario para sortear las tensiones internas. Este tipo de medidas, según FESC “implementadas en un contexto de creciente incertidumbre, revela la complejidad operativa que enfrentan las unidades productivas incluso para cumplir con sus obligaciones básicas”.
Otro dato del trimestre que presenta la Encuesta Provincial de Actividad PyME, es la pérdida de rentabilidad generalizada. Mientras que los costos operativos crecieron en promedio un 24,3% respecto al período anterior, los precios de venta solo se ajustaron un 9,3%. Esta brecha forzó a muchas empresas a absorber internamente el aumento de costos, lo cual erosiona sus márgenes y compromete la sustentabilidad de sus operaciones. A ello se suma un bajo nivel de utilización de la capacidad instalada, que promedió apenas el 41,3%, en un contexto donde la demanda interna continúa deprimida.
En paralelo, el 68,6% de las firmas encuestadas reportó haberse endeudado durante el trimestre, fundamentalmente para cubrir obligaciones corrientes como el pago de impuestos, servicios y refinanciación de pasivos preexistentes. El endeudamiento no estuvo asociado a planes de expansión ni a inversión productiva, sino al sostenimiento operativo básico. Esta situación se ve agravada por los problemas de cobro reportados por el 67,4% de las empresas, lo que genera cuellos de botella en la cadena de pagos y refuerza el círculo de iliquidez.
Consultadas sobre las condiciones necesarias para mejorar su desempeño, las PyMEs santacruceñas fueron contundentes: el 75,6% reclamó medidas que impulsen el consumo interno, el 74,4% pidió una reducción de la carga impositiva y más de la mitad demandó políticas públicas activas y sostenidas.
El diagnóstico empresarial se complementa con una lectura crítica del entorno económico: el 84,9% considera que las medidas del Gobierno Nacional no promueven el desarrollo de las PyMEs, mientras que el 65,1% afirma que el Índice de Precios al Consumidor del INDEC no refleja adecuadamente la evolución del costo de vida.
En relación con la apertura de importaciones, la evaluación es dispar. Si bien un 24,4% de los encuestados señaló que esta política perjudica a su empresa, un 23,3% consideró que la favorece y un 52,3% sostuvo que no le genera un impacto directo. Esta distribución de respuestas sugiere una heterogeneidad estructural dentro del tejido productivo local, con distintos niveles de exposición frente al comercio internacional.
Por último, desde FESC aseguraron que la EPAP continuará realizándose de forma trimestral, con el objetivo de brindar un diagnóstico actualizado y riguroso que sirva como insumo para la toma de decisiones públicas y privadas.
