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El gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, llevó a la Corte Suprema de la Nación el conflicto por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, luego de que el kirchnerismo judicial declarara inconstitucional la ley votada por la Legislatura, anulara las designaciones y desplazara al presidente del TSJ que tomó juramento a los nuevos jueces, en un escenario de fuerte tensión institucional y acusaciones de violación a la división de poderes.
La crisis en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz escaló a su máximo nivel y ahora será la Corte Suprema de la Nación la que tenga la última palabra. El gobernador Claudio Vidal decidió acudir al máximo tribunal del país para que avale la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros y valide la jura de los cuatro nuevos integrantes designados por el Poder Ejecutivo con aval legislativo.
El conflicto se desató cuando el entonces presidente del TSJ, Mauricio Mariani, ratificó la validez del juramento tomado a dos de los nuevos jueces, entre ellos el ex gobernador Sergio Acevedo. La reacción fue inmediata: los cuatro vocales que integran el tribunal, todos con vínculos directos con el kirchnerismo, desconocieron el acto, pidieron su nulidad y avanzaron con una jugada inédita al declarar inconstitucional la ley aprobada por la Legislatura provincial.
Una interna judicial con fuerte trasfondo político
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que lo ocurrido constituye una "violación flagrante a la división de poderes". No solo se frenaron las designaciones que debían completar la nueva integración del tribunal, sino que además se desplazó a Mariani de la presidencia del TSJ por haber convalidado la jura de Acevedo y José González Nora. El propio magistrado confirmó públicamente que fue notificado de su corrimiento.
En su reemplazo fue designada Renée Fernández, una jueza con históricos vínculos con el kirchnerismo, que se desempeñó como asesora durante la gobernación de Néstor Kirchner y fue apoderada del Frente para la Victoria en Santa Cruz. La decisión fue firmada junto a Alicia Mercau, ex colaboradora de Carlos Zannini, Paula Ludueña -recordada por haber defendido a Daniel Varizat- y Fernando Basanta, ex ministro de Gobierno de Alicia Kirchner y dirigente vinculado a La Cámpora.
La Corte Suprema, último árbitro del conflicto
Con la reanudación de la actividad judicial tras la feria, los cuatro jueces designados por Vidal presentaron un recurso extraordinario federal contra la sentencia que declaró inconstitucional la Ley 3949. Ante la posibilidad de que el propio TSJ rechace ese planteo, desde el gobierno anticiparon que se avanzará "en queja" directamente ante la Corte Suprema.
En paralelo, la Fiscalía de Estado, a cargo de Natalia Linardi, impugnó dos resoluciones clave: el rechazo a las recusaciones contra los vocales que firmaron la sentencia y el apartamiento de Mariani, además de la suspensión por cuatro meses de la ley que ampliaba el tribunal. "El absurdo es tan palmario que no resiste lógica: si la ley estaba vigente, debía aplicarse antes de suspenderla", señalaron fuentes judiciales provinciales.
El escándalo sumó un dato que agravó el malestar político y social: los cuatro vocales que bloquearon la ampliación del TSJ firmaron una actualización salarial que elevó sus ingresos a unos 24 millones de pesos mensuales promedio. Para el gobierno, el trasfondo es claro: con un tribunal ampliado a nueve miembros se rompería una mayoría automática conformada por jueces designados durante gobiernos kirchneristas.
El capítulo está lejos de cerrarse. La disputa por el control del máximo órgano judicial de Santa Cruz ya dejó de ser un conflicto local y ahora quedó en manos de la Corte Suprema de la Nación, que deberá definir si prevalece la voluntad del Poder Legislativo y el Ejecutivo provincial o la resistencia del kirchnerismo judicial atrincherado en el TSJ. (Fuente: Lucia Salinas - Diario Clarin) Modificado por El Diario Nuevo Día
