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ATE retoma las medidas de fuerza por otros tres días y reclama recomposición salarial, pase a planta y freno al ajuste presupuestario. La protesta se extiende entre el desgaste de los trabajadores y la falta de avances concretos en la mesa paritaria.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz retomará esta semana su plan de lucha con un nuevo paro de 72 horas, previsto para los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de junio. La medida fue resuelta tras un plenario provincial del gremio que ratificó la continuidad del conflicto por salarios, condiciones laborales y ajuste presupuestario. El gremio reclama una recomposición real de los sueldos frente al deterioro inflacionario, el cumplimiento de los pases a planta permanente y un freno al recorte de fondos que, según denuncian, afecta directamente al funcionamiento de la administración central.
Carlos Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz, afirmó que “el gobierno provincial ejecutó un recorte de más de 600 millones de pesos durante el primer semestre”, y alertó que si se mantiene la proyección, la cifra total podría duplicarse hacia fin de año. Según Garzón, esto no solo perjudica el salario de los trabajadores, sino que impacta de lleno en las condiciones de trabajo y en la capacidad operativa de áreas sensibles del Estado como Salud, Previsión, Educación y Desarrollo Social. El sindicato sostiene que la propuesta oficial vigente, que contempla una suma fija en tres tramos, resulta absolutamente insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido.
En las últimas semanas ya se habían realizado paros de 48 horas, con movilizaciones en Río Gallegos, Caleta Olivia y otras localidades. Esta vez, la medida incluirá retenciones de servicios, protestas en edificios públicos y asambleas en lugares de trabajo. En el hospital de Caleta Olivia, por ejemplo, los trabajadores de la salud denunciaron falta de insumos, problemas edilicios y salarios que no cubren la canasta básica. En palabras de Eliana Vargas, secretaria de salud de ATE local, “la situación es insostenible; necesitamos una respuesta seria y urgente”.
Desde el gobierno provincial, sin embargo, no hubo hasta ahora avances significativos. Aunque se mantienen abiertas las mesas paritarias, no se ha presentado una nueva oferta concreta que modifique el escenario de conflicto. La ministra de Economía, Natalia Carrizo, había prometido una revisión salarial para el segundo semestre, pero los gremios aseguran que los tiempos de la política no se corresponden con las urgencias del bolsillo.
Entre los trabajadores, la bronca se mezcla con un agotamiento generalizado. La inestabilidad económica, los descuentos por días de paro y la imposibilidad de proyectar a mediano plazo generan un clima de hartazgo. También crece la tensión interna: muchos empleados del Estado, aunque comprenden los motivos del reclamo, se preguntan hasta qué punto pueden seguir sosteniendo un conflicto sin respuestas. Hay quienes piden otra estrategia, más negociación y menos exposición al desgaste.
ATE, por su parte, insiste en que la lucha debe mantenerse. Además de la recomposición salarial, reclaman el cumplimiento del pase a planta permanente, los reencasillamientos prometidos y que el aguinaldo no sea absorbido automáticamente por deudas bancarias, algo que afecta especialmente a trabajadores con ingresos por debajo del umbral de pobreza.
En este contexto, la protesta de esta semana aparece como un nuevo capítulo dentro de una saga que se repite, con pocos cambios y muchas promesas incumplidas. Mientras tanto, los servicios públicos continúan bajo presión, las escuelas funcionan con lo justo, los hospitales sobreviven a base de guardias mínimas y la administración central se achica no solo por decisión política, sino también por resignación.
Santa Cruz, una vez más, vuelve a girar sobre su propia rueda. La paritaria del próximo miércoles será clave: si no hay una oferta superadora, el conflicto promete escalar una vez más.