Nación calificó de ilegal la medida policial y advirtió que denunciará si no se restablece el servic

En el marco del conflicto salarial que atraviesan las fuerzas policiales y de seguridad de Santa Cruz, el Ministerio de Trabajo provincial realizó este martes una audiencia con la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Mara Mentoro, quien participó de manera virtual y reclamó el restablecimiento pleno del servicio.

La reunión se desarrolló luego de que el Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dispusiera un cuarto intermedio y fijara un nuevo encuentro para este miércoles 1 de julio, a las 17 horas, con el objetivo de continuar analizando las propuestas presentadas por el Gobierno provincial.

Durante su intervención, Mentoro sostuvo que la seguridad pública no puede garantizarse únicamente con la cobertura de emergencias y afirmó que el servicio requiere la presencia de la totalidad del personal en funciones. En ese sentido, instó a los efectivos a levantar la medida de fuerza sin abandonar el reclamo salarial, al considerar que las negociaciones pueden continuar en paralelo.

La funcionaria también advirtió que, si persiste la interrupción del servicio, el Gobierno nacional avanzará con las denuncias correspondientes para garantizar su cumplimiento. Además, solicitó ser informada sobre el resultado de la reunión prevista para este miércoles.

Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, reiteró que el Ejecutivo reconoce la legitimidad del reclamo salarial, aunque aseguró que las once propuestas realizadas hasta el momento representan el máximo esfuerzo financiero posible en el actual contexto económico. No obstante, indicó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de seguir evaluando alternativas de recomposición salarial de acuerdo con la disponibilidad de recursos y cuestionó la politización del conflicto.

A su turno, el jefe de Policía, comisario general Diego Martín Agüero, expresó su preocupación por el impacto que la continuidad de la medida genera en la prestación del servicio y pidió que las negociaciones continúen dentro del ámbito institucional del Consejo del Salario.

En la misma línea, la directora ejecutiva del Servicio Penitenciario, inspectora general Araceli Arias, advirtió sobre las dificultades para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad debido a la adhesión de efectivos a la medida de fuerza.

Finalmente, Mentoro remarcó que la protesta resulta ilegal al recordar que, de acuerdo con la Constitución Nacional, las fuerzas policiales no pueden sindicalizarse. Si bien expresó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo, insistió en que, de no levantarse la medida, la Nación promoverá las denuncias correspondientes.