Informe Fuerte caída de la coparticipación de Nación: provincias dejaron de recibir casi 300.000 mil

Después del alivio transitorio observado en mayo, junio volvió a confirmar el escenario que domina las cuentas públicas provinciales desde comienzos de año: las transferencias automáticas de la Nación perdieron nuevamente frente a la inflación y significaron una nueva poda de recursos para los 24 distritos.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno nacional giró a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $7,52 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Sin embargo, descontado el efecto inflacionario, esos envíos representaron una caída real interanual del 4,1%.

Traducido a dinero constante, esa disminución implicó que las provincias dejaron de percibir aproximadamente $298.810 millones sólo durante junio respecto de lo que habrían recibido si las transferencias hubieran conservado el mismo poder de compra del año pasado. Esa cifra equivale a recursos que dejaron de ingresar a los presupuestos provinciales para financiar salarios, hospitales, escuelas, seguridad, obras públicas y programas sociales.

Una pérdida que ya dejó de ser coyuntural
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el retroceso de junio consolida una tendencia que comenzó a principios de año y que mantiene bajo presión a las administraciones provinciales.

El IARAF estima que, entre enero y junio, las transferencias automáticas acumulan una caída real del 3,2%, luego de atravesar varios meses consecutivos con resultados negativos y apenas un repunte estacional en mayo impulsado por el Impuesto a las Ganancias.

En otras palabras, las provincias no sólo reciben menos recursos en términos reales cada mes, sino que el deterioro acumulado continúa ampliándose, obligando a los gobiernos subnacionales a administrar presupuestos cada vez más ajustados.

La coparticipación neta sufrió un golpe aún mayor
El informe también muestra que el principal mecanismo de financiamiento provincial fue el más afectado.

La coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, registró una caída real del 8,4%, reflejando el deterioro de la recaudación de los impuestos que conforman la masa coparticipable.

El principal factor volvió a ser el desempeño de los dos tributos más importantes del sistema.

La recaudación del Impuesto a las Ganancias registró una baja real del 14,2%, mientras que el IVA disminuyó 4,1%. En conjunto, ambos impuestos -que generan cerca del 95% de los recursos coparticipables- retrocedieron alrededor del 8% en términos reales.

A ello se sumó una fuerte disminución en los derechos de exportación, vinculada a la reducción de retenciones y al menor ingreso por comercio exterior, afectando también la evolución de los recursos nacionales.

Menos recursos para sostener los servicios provinciales
La pérdida de casi $300.000 millones en un solo mes vuelve a poner en evidencia el impacto directo que tiene la desaceleración de la recaudación nacional sobre las provincias.

A diferencia de las transferencias discrecionales, los envíos automáticos constituyen la principal fuente de financiamiento de la mayoría de las jurisdicciones. Por ello, cualquier reducción en esos ingresos repercute inmediatamente sobre la capacidad para afrontar el funcionamiento cotidiano del Estado.

En muchas provincias, la coparticipación representa más de la mitad de los ingresos corrientes, por lo que la continuidad de esta tendencia obliga a reprogramar gastos, postergar inversiones y restringir márgenes de maniobra financiera.

Un semestre marcado por la pérdida de ingresos
El comportamiento de junio confirma que el repunte observado en mayo fue apenas un paréntesis dentro de un proceso más amplio de deterioro.

Durante el primer semestre, la menor actividad económica, la caída de la recaudación de IVA, los cambios en Ganancias y la reducción de ingresos vinculados al comercio exterior limitaron el crecimiento de la masa coparticipable, trasladando el ajuste a las provincias.

El resultado es un escenario en el que los gobiernos provinciales continúan administrando recursos que crecen en términos nominales, pero que pierden capacidad de compra frente a la inflación. Y esa diferencia ya no se mide sólo en porcentajes: equivale a cientos de miles de millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas provinciales, profundizando las restricciones fiscales con las que deberán afrontar la segunda mitad de 2026.