Diagnóstico del CEPA Informe económico nacional: en Santa Cruz caen la coparticipación (-7,2%) y la

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone con números concretos la crisis financiera que atraviesa Santa Cruz. La provincia sufre una "doble pinza" que le achica los ingresos por dos lados a la vez: por un lado, los recursos que envía Nación por coparticipación cayeron un 7,2% real en el primer cuatrimestre del año; por el otro, la recaudación propia (ROP), que incluye Ingresos Brutos, se desplomó un 16% real desde que asumió Javier Milei.

 
Este combo explosivo explica por qué el gobierno de Claudio Vidal no tiene margen para aumentar salarios y por qué la conflictividad social está al rojo vivo en la provincia.

El 71,9% del presupuesto se va en servicios sociales
El informe del CEPA es lapidario con la estructura del gasto santacruceño. El 71,9% de todo lo que gasta la provincia se destina a servicios sociales. El desglose es el siguiente:

Previsión Social (jubilados): 24,4%

Educación: 21,1%

Salud: 18,2%

Seguridad: 8,2%

El dato más impactante para la realidad de los pueblos es que Santa Cruz solo dedica el 1,9% de su presupuesto a la obra pública. Ese número explica por qué no hay "ladrillos nuevos" en las localidades y por qué la construcción está paralizada.

Santa Cruz, en el mapa rojo de la conflictividad
El CEPA identifica a Santa Cruz como uno de los puntos más calientes del país, con 5 focos de conflicto activos que no logran resolverse:

Ante esta situación desesperante, Nación incluyó a Santa Cruz en el Decreto 219/2026, un régimen de anticipos financieros. El decreto reconoce oficialmente que la provincia se ve "impedida transitoriamente" de atender sus compromisos presupuestarios más urgentes. La "trampa", advierte el CEPA, es que estos adelantos deben devolverse con la coparticipación futura, consolidando la caída de ingresos a largo plazo. 
En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.

La "discriminación" en los ATN